El despacho aprobado asegura la correcta aplicación de la ley. En este sentido, el proyecto se estructura en cinco ejes centrales que marcan un avance en el sistema de justicia penal juvenil en Córdoba:

1. Aporta claridad normativa: Establece reglas generales del procedimiento penal juvenil, diferenciando con precisión el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles.
2. Garantiza el debido proceso: Fija objetivos, plazos y proporcionalidad en las medidas aplicadas, estableciendo quién debe controlar su cumplimiento. Esto asegura que el sistema penal juvenil opere con transparencia y equidad, respetando los derechos de los adolescentes.
3. Define con precisión el resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles: Especifica de manera clara los supuestos en los que puede aplicarse el resguardo institucional excepcional (artículos 44 y 45), asegurando que esta medida sea utilizada solo en casos estrictamente necesarios y bajo las garantías de debido proceso.
4. Implementa medidas progresivas para la reintegración social: en un sistema de intervención gradual, permitiendo evaluar la evolución del joven a lo largo del proceso.
5. Crea una Mesa de Seguimiento y Control de las políticas públicas en la materia: órgano conformado por siete miembros representando a los distintos poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras en la implementación de las medidas socioeducativas.

Un proyecto construido con consenso y participación

El despacho aprobado es resultado de la participación de actores clave del sistema judicial, especialistas en niñez y adolescencia, y organizaciones de la sociedad civil. En su desarrollo, se realizaron mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), con la intervención de jueces del Fuero Penal Juvenil, miembros del Tribunal Superior de Justicia, fiscales especializados y defensores públicos.

Además, el texto final incorpora observaciones y mejoras propuestas por la Fiscalía General y fiscales penales juveniles.

También participaron especialistas provenientes de diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Siglo XXI y el Colegio de Abogados.

Un paso adelante en la protección de derechos y en la seguridad jurídica

La sanción de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil posiciona a Córdoba a la vanguardia en materia de justicia penal juvenil, asegurando que la intervención del Estado sea proporcional, adecuada y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“La problemática de menores en conflicto con la Ley Penal, tiene varias aristas. Una de ellas la planteamos en noviembre del año pasado cuando solicitamos al Congreso que baje la edad de imputabilidad penal. Eso que la legislatura aprobó es lo que hoy justamente se está discutiendo en la nación. Mientras la discusión de baja de la edad de imputabilidad se da en el Congreso Nacional, también tenemos que dar la discusión en Córdoba”, señaló el legislador Miguel Siciliano.

Es por eso que, para el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, «Estamos tratando de brindarle a la justicia, al poder ejecutivo, pero centralmente a los jóvenes en conflicto con la ley penal y a la comunidad en su conjunto una herramienta que nos permita abordar de la mejor manera posible las situaciones que involucran a los jóvenes cuando ingresan al mundo del delito. Sabemos que no existen recetas mágicas, que no es solo con esta ley que vamos a resolver una problemática por demás compleja, pero también estamos convencidos que esta ley es una herramienta para que desde el estado podamos abordar esa complejidad», destacó Siciliano.

La implementación de esta normativa busca no solo mejorar la respuesta estatal ante adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también brindar herramientas concretas para su reintegración social. A través de medidas diferenciadas, claras y progresivas, el nuevo sistema penal juvenil garantiza un enfoque basado en la protección integral de los derechos y en la construcción de oportunidades para jóvenes que ingresan al sistema.